II Conversatorio de Protección Internacional en el Perú: Avances y Perspectivas de la Declaración de Cartagena
Lima, 25 de junio de 2025 – En el marco del Día Mundial del Refugiado, se celebró el II Conversatorio sobre Protección Internacional en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, organizado por Encuentros SJM, IDEHPUCP, Amnistía Internacional y la UARM. El evento reunió a autoridades estatales, academia, sociedad civil y organismos internacionales, con el objetivo de reflexionar sobre los avances, desafíos y compromisos asumidos a 40 años de la Declaración de Cartagena.
La apertura, titulada “Cartagena +40: ¿Por qué importa hoy? De la definición ampliada a los compromisos del Plan de Acción de Chile”, estuvo a cargo de Alba Marcellan, representante de ACNUR, quien destacó que la Declaración de Cartagena sigue siendo una herramienta viva frente a desplazamientos causados por violencia, desastres o apatridia. Señaló que el Plan de Acción de Chile concreta este compromiso a través de programas como “Asilo de Calidad”, “Cero Apatridia”, “Fronteras solidarias, seguras y protectoras” y “Protección integral en países de origen, tránsito, destino y retorno”. Subrayó la importancia de redoblar los esfuerzos en frontera y prevenir la xenofobia para avanzar hacia una integración digna y soluciones duraderas.
En la Mesa 1: Avances, retos y próximos pasos para el Estado peruano, moderada por Rosario Grados (Amnistía Internacional), Fredy Oswaldo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó las prioridades estatales en el marco de Cartagena +40: promover una legislación nacional sobre apatridia, atender el desplazamiento por desastres, garantizar atención diferenciada a niñez migrante, y articular un mecanismo nacional de seguimiento. Señaló que estas líneas se discutirán en la próxima reunión regional en Santiago. Karina Díaz, de la Defensoría del Pueblo, advirtió sobre barreras documentadas como rechazos arbitrarios a prórrogas migratorias, condiciones indignas de vivienda y atención inadecuada a personas en situación de vulnerabilidad. Alertó también sobre propuestas normativas que buscan criminalizar la solidaridad hacia personas migrantes.
En la Mesa 2: Perspectivas desde la academia en torno a la protección internacional, moderada por Valeria Reyes (IDEHPUCP), Cécile Blouin (IDEHPUCP)denunció que la securitización está bloqueando el acceso al territorio, lo que impide ejercer el derecho al asilo. Destacó que la Declaración de Cartagena representa un marco regional robusto, aunque su aplicación efectiva es aún limitada. Sonia Ruiz (Instituto Fernand Braudel de Economía Mundial) advirtió que la fragmentación operativa y la inestabilidad política dificultan una implementación sostenida de las políticas públicas. César Cárdenas (UARM) alertó que el problema no es solo normativo, sino político: muchas personas ni siquiera logran ingresar al país para solicitar protección, porque las medidas actuales están diseñadas para excluir. “Los mecanismos son declarativos, pero en la práctica se convierten en filtros excluyentes”, señaló.
La Mesa 3: Integración, resiliencia y construcción de comunidad, moderada por Eduardo Vega (UARM), abordó los desafíos de reconstruir la vida en contextos de exclusión. Marina Navarro (Amnistía Internacional) denunció que la estigmatización hacia personas refugiadas se reproduce incluso desde espacios estatales, y que las mujeres migrantes enfrentan una discriminación interseccional. Ítalo Zeballos (Encuentros SJM) expuso el caso de una joven gestante cuya pareja fue detenida y expulsada sin debido proceso, dejando a toda la familia en situación de riesgo. Alfredo Flores (Ciudadanía sin Fronteras) señaló que muchas personas con formación técnica o universitaria viven en exclusión laboral y habitacional, y llamó a fortalecer su participación política y comunitaria.
A lo largo de la jornada, la conducción estuvo a cargo de Ruth Huarancca, Especialista de Incidencia Política de Encuentros – SJM, cuya moderación clara y articulada permitió entrelazar los distintos bloques temáticos, reforzando el enfoque de derechos que guio toda la discusión.
El cierre estuvo a cargo de Analí Briceño, Coordinadora nacional de Encuentros – SJM, quien sostuvo que “la hospitalidad debe ser la regla, no la excepción”. Recordó que las obras de la Compañía de Jesús están llamadas a acompañar con justicia y dignidad a quienes han sido forzados a huir, desde una espiritualidad encarnada. El evento reafirmó una convicción compartida: la protección internacional no es un favor, es un derecho. Debemos seguir construyéndola con voluntad política, articulación efectiva y un compromiso colectivo con la dignidad de todas las personas en movilidad.